DEFINICIÓN

1.1 Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización

La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales (Artículo 188).

 

1.2 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización

Finalidad.- La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población (Artículo 3).

 

Principios generales.- La descentralización se sustenta y rige por los siguientes principios generales (Artículo 4):

a) Es permanente:

Constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, cuyo efecto vinculante alcanza a todos los Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y al gobierno en su conjunto.

b) Es dinámica:

Es un proceso constante y continuo, se ejecuta en forma gradual por etapas, previendo la adecuada asignación de competencias y la transferencia de recursos del nivel central hacia los gobiernos regionales y los gobiernos locales; promueve la integración regional y la constitución de macro regiones. Exige una constante sistematización, seguimiento y evaluación de los fines y objetivos, así como de los medios e instrumentos para su consolidación.

c) Es irreversible:

El proceso debe garantizar, en el largo plazo, un país; especialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido, económica y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente sostenible, así como políticamente institucionalizado.

d) Es democrática:

Es una forma de organización democrática del Estado que se desarrolla en los planos político, social, económico, cultural, administrativo y financiero. Promueve la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores niveles de desarrollo humano en cada ámbito, y la relación Estado y Sociedad, basada en la participación y concertación en la gestión de gobierno.

e) Es integral:

Abarca e interrelaciona a todo el conjunto del Estado en el espacio nacional, así como las actividades privadas en sus diversas modalidades, mediante el establecimiento de reglas jurídicas claras que garanticen el desarrollo integral del país. 

f) Es subsidiaria:

Las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan descentralizadamente. La subsidiariedad supone y exige que la asignación de competencias y funciones a cada nivel de gobierno, sea equilibrada y adecuada a la mejor prestación de los servicios del Estado a la comunidad.

g) Es gradual:

El proceso de descentralización se realiza por etapas en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada y clara asignación de competencias y transferencias de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales, evitando la duplicidad.

 

Objetivos.- La descentralización cumplirá, a lo largo de su desarrollo, con los siguientes objetivos (Artículo 6):

 

Objetivos a Nivel Político:

  1. Unidad y eficiencia del Estado, mediante la distribución ordenada de las competencias públicas, y la adecuada relación entre los distintos niveles de gobierno y la administración estatal.
  2. Representación política y de intermediación hacia los órganos de gobierno nacional, regional y local, constituidos por elección democrática.
  3. Participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos de cada región y localidad.
  4. Institucionalización de sólidos gobiernos regionales y locales.

 

Objetivos a Nivel Económico:

  1. Desarrollo económico, autosostenido y de la competitividad de las diferentes regiones y localidades del país, en base a su vocación y especialización productiva.
  2. Cobertura y abastecimiento de servicios sociales básicos en todo el territorio nacional.
  3. Disposición de la infraestructura económica y social necesaria para promover la inversión en las diferentes circunscripciones del país.
  4. Redistribución equitativa de los recursos del Estado.
  5. Potenciación del financiamiento regional y local.

 

Objetivos a Nivel Administrativo:

  1. Modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de administración que aseguren la adecuada provisión de los servicios públicos.
  2. Simplificación de trámites en las dependencias públicas nacionales, regionales y locales.
  3. Asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones y recursos, y la elusión de responsabilidades en la prestación de los servicios.

 

Objetivos a Nivel Social:

  1. Educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano, la competitividad nacional e internacional.
  2. Participación ciudadana en todas sus formas de organización y control social.
  3. Incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas, reconociendo la interculturalidad, y superando toda clase de exclusión y discriminación.
  4. Promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las condiciones de vida de la población para la superación de la pobreza.

 

Objetivos a Nivel Ambiental:

  1. Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la sostenibilidad del desarrollo.
  2. Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
  3. Coordinación y concertación interinstitucional y participación ciudadana en todos los niveles del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

1.3 Acuerdo Nacional

 

EL FORO DEL ACUERDO NACIONAL es el espacio de diálogo y concertación institucionalizado como instancia de seguimiento y promoción del cumplimiento de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, lo cual ha sido ratificado mediante el Decreto Supremo No. 105-2002-PCM, del 17 de octubre del año 2002.

 

Su conformación es tripartita, donde participan el Gobierno, los partidos políticos que cuentan con representación en el Congreso de la República y organizaciones representativas de la sociedad civil a nivel nacional. Asimismo, el Foro cuenta con la asistencia del Comité Consultivo y del Comité Técnico de Alto Nivel, este último nombrado Mediante Resolución Suprema No. 451-2002-PCM del 17 de octubre de 2002.

 

El Presidente de la República es el Presidente del Foro del Acuerdo Nacional, quien puede delegar la conducción de sus sesiones en el Presidente del Consejo de Ministros.

 

EL ACUERDO NACIONAL es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática.

 

La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en Palacio de Gobierno, el 22 de julio de 2002, con la participación del entonces Presidente de la República, Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, y los principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil integrantes del Acuerdo Nacional.

 

POLÍTICAS DE ESTADO.- De acuerdo al artículo 6, del Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales:

 

“6.1 Las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo, a fin de lograr el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del país. Son resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional.

6.2 Están contenidas en el Acuerdo Nacional y se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

6.3 La Presidencia del Consejo de Ministros a través del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN facilita el seguimiento de las políticas de Estado”.

 

OCTAVA POLÍTICA DE ESTADO: Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú.

Nos comprometemos a desarrollar una integral descentralización política, económica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el fin de eliminar el centralismo.

Construiremos un sistema de autonomías políticas, económicas y administrativas, basado en la aplicación del principio de subsidiariedad y complementariedad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local del Estado, con el fin de fortalecer estos últimos y propiciar el crecimiento de sus economías.

Con ese objetivo, el Estado:

  1. Apoyará el fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos regionales y locales.
  2. Institucionalizará la participación ciudadana en las decisiones políticas, económicas y administrativas.
  3. Promoverá la eficiencia y transparencia en la regulación y provisión de servicios públicos, así como en el desarrollo de infraestructura en todos los ámbitos territoriales.
  4. Establecerá una clara delimitación de funciones, competencias y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
  5. Desarrollará plataformas regionales de competitividad orientadas al crecimiento de las economías locales y regionales.
  6. Desarrollará una estructura de captación de recursos fiscales, presupuestales y del gasto público que incluyan mecanismos de compensación para asegurar la equitativa distribución territorial y social, en un marco de estabilidad macroeconómica y de equilibrio fiscal y monetario.
  7. Incorporará los mecanismos necesarios para mejorar la capacidad de gestión, la competencia y la eficiencia de los entes públicos y privados, así como la competitividad de las empresas y las cadenas productivas en los niveles nacional, regional y local.
  8. Favorecerá la conformación de espacios macro regionales desde una perspectiva de integración geoeconómica.
  9. Favorecerá el asociacionismo intermunicipal e interregional para el tratamiento de temas específicos.
  10. Fomentará el acceso al capital en los niveles regional y local, particularmente para la micro, pequeña y mediana empresa.
  11. Fomentará mecanismos de compensación presupuestal para casos de desastre natural y de otra índole, de acuerdo al grado de pobreza de cada región.