En el presente artículo el autor procura dar mayores alcances sobre aquellos aspectos de la labor de la inspección del trabajo, que, desde su perspectiva, encuentran mayores reparos y cuestionamientos por parte de los administrados y que son considerados como una “invasión” de algunas ámbitos y facultades que, se entienden, son exclusivas del Poder Judicial. Para ello, se parte del objetivo al cual se dirige el Estado al proveer a la ciudadanía ambas vías: la protección de los derechos laborales.